El Mandato exige además instalar una Mesa Nacional de Seguridad Energética con participación del Gobierno Nacional, YPFB y los sectores empresariales, productivos y de transporte.
La instancia deberá trabajar sobre abastecimiento, precios, refinación, importaciones, logística y seguimiento de resultados, incorporando a quienes diariamente sostienen las cadenas productivas y de distribución del país.
El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Carlos Quintela, respaldó la dimensión departamental del Mandato y llamó a consolidar la unidad cochabambina en defensa de los intereses del aparato productivo.
“Este es un momento para la unidad cochabambina y para defender los intereses del aparato productivo del departamento. Cochabamba debe actuar de manera articulada para que sus demandas sean atendidas y sus sectores productivos tengan participación en las decisiones que los afectan”, señaló Quintela.
TRANSPARENCIA Y PREVISIBILIDAD SOBRE EL FINANCIAMIENTO EXTERNO
El cuarto punto exige conocer oportunamente los requisitos, compromisos, acciones previas, metas y condiciones asumidas por el Estado boliviano dentro de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y otros mecanismos de financiamiento externo.
Los sectores plantean que esta información debe ser conocida antes de que las condiciones deriven en decisiones económicas con impacto sobre las familias, la producción, el empleo y la inversión.
Asimismo, solicitan que la Asamblea Legislativa Plurinacional disponga anticipadamente de la documentación correspondiente, para desarrollar dentro de sus competencias el análisis de las operaciones que requieran tratamiento legislativo.
El objetivo es generar condiciones de anticipación, consenso y previsibilidad para evitar decisiones reactivas frente a medidas que pueden modificar el funcionamiento de toda la economía.
