La primera medida planteada por la FEPC es una Ley de Garantía de la Libre Circulación y Continuidad Logística, orientada a proteger carreteras, corredores productivos, aeropuertos, puertos, centros de abastecimiento y rutas de exportación.
Esta normativa debe establecer mecanismos preventivos, protocolos de respuesta temprana, procedimientos inmediatos para restablecer el tránsito y responsabilidades por los daños económicos ocasionados, compatibilizando el ejercicio de los derechos ciudadanos con la circulación, el abastecimiento y el trabajo.
La agenda normativa también debe avanzar en la modernización del sistema tributario para ampliar la base formal y facilitar la inversión; la actualización concertada de la normativa laboral para promover empleo formal, productividad y capacitación; un régimen de seguridad jurídica e inversiones con reglas estables y mecanismos eficaces de resolución de controversias; una nueva legislación minera que incentive exploración, industrialización y regularización contractual; una nueva Ley de Hidrocarburos que recupere inversión y reservas; una normativa moderna de electricidad y energías renovables; un régimen de alianzas público-privadas; y una nueva Ley de Zonas Francas articulada con Santiváñez y los corredores logísticos.
Estas reformas deben incorporar simplificación administrativa, digitalización, plazos vinculantes, ventanillas únicas y coordinación entre los diferentes niveles del Estado. La inversión requiere reglas previsibles, instituciones eficientes y continuidad productiva.
Del acuerdo a la ejecución
La FEPC propone conformar una instancia ejecutiva de la Visión Cochabamba 2030 con participación del Gobierno nacional, la Gobernación, los gobiernos municipales, el sector empresarial, las universidades y los organismos de financiamiento.
Esta instancia deberá establecer responsables institucionales, cronogramas públicos, presupuestos, estudios de preinversión y modelos de financiamiento para cada proyecto.
En una primera etapa, la cartera debe organizarse en tres categorías: proyectos de impacto inmediato, proyectos estructurales y proyectos habilitadores. La continuidad logística, la reglamentación de la Zona Económica Especial de Santiváñez, la puesta en operación de Ivirizu, la promoción internacional del turismo y la agenda normativa deben ingresar en el primer bloque de ejecución.
La Visión Cochabamba 2030 adquiere hoy su mayor sentido económico. Su aplicación permitiría movilizar inversión, generar empleo, ampliar la oferta de bienes y servicios, reducir costos estructurales, atraer divisas y acelerar la transición energética.
Cochabamba cuenta con una agenda construida desde sus capacidades productivas y su posición territorial. El momento exige convertirla en proyectos, leyes, financiamiento y obras. La reconstrucción económica puede comenzar desde Cochabamba y proyectarse como una plataforma de integración y desarrollo para Bolivia.
