PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
En el marco de la defensa de los derechos humanos, los derechos ambientales y los derechos de la Madre Tierra, la Defensoría del Pueblo, a través de la Unidad de Debida Diligencia en Derechos Humanos y Derechos de la Madre Tierra, participó los días 20 y 21 de julio en las actividades del Consejo Municipal Económico Productivo (COMEP) del municipio de Alto Beni, desarrolladas en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni.
Durante el encuentro, la institución presentó y socializó la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1326/2023 ante las nuevas autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo municipales, así como representantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Fundación RENACE, Swisscontact, ECOTOP, Cáritas Coroico, Conservación Internacional, FAECIC y FAECAB.
La jefa de la Unidad de Debida Diligencia en Derechos Humanos y Derechos de la Madre Tierra de la Defensoría del Pueblo, Claudia Flores, destacó que la socialización de la sentencia busca fortalecer el compromiso de las instituciones con la protección del río Beni y el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la justicia constitucional.
“La Sentencia Constitucional Plurinacional 1326/2023 marca un precedente histórico porque reconoce al río Beni como sujeto de derechos. Nuestro trabajo ahora está orientado a articular esfuerzos con las instituciones y autoridades para garantizar su efectiva implementación y la protección integral de este ecosistema”, afirmó Flores.
Durante las exposiciones, las instituciones participantes reconocieron el trabajo desarrollado por la Defensoría del Pueblo a partir de la acción popular presentada ante el Juzgado Público Mixto del municipio de Palos Blancos, cuyo fallo reconoció al río Beni como sujeto de derechos, constituyéndose en un hito para la protección de este importante componente de la Madre Tierra frente a la contaminación y otras amenazas ambientales.
La actividad formó parte del proceso de planificación participativa impulsado por el COMEP de Alto Beni, orientado a fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria mediante modelos de producción agroecológicos y sostenibles en armonía con la Madre Tierra. Posteriormente, se realizó la elección y posesión del nuevo directorio del COMEP Alto Beni.
En las reuniones sostenidas con autoridades de los gobiernos autónomos municipales de Alto Beni y Palos Blancos, la Defensoría del Pueblo también informó sobre las acciones de articulación que impulsa con instituciones del nivel central del Estado para atender la problemática de los residuos sólidos, en cumplimiento de la SCP 0460/2022.
Asimismo, se abordó la necesidad de avanzar en la reglamentación e implementación del Protocolo Interinstitucional de Coordinación para la Lucha contra la Minería Ilegal, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención, detección, investigación, intervención y apoyo a los procesos de sanción, de acuerdo con las competencias de las instituciones involucradas.
“La protección de los derechos de la Madre Tierra requiere un trabajo coordinado entre todos los niveles del Estado. Estamos promoviendo acciones conjuntas para enfrentar problemas estructurales como la contaminación por residuos sólidos, la minería ilegal y los incendios forestales, considerando el enfoque de derechos humanos”, señaló Flores.
Otro de los temas priorizados fue la implementación de acciones en el marco del Acuerdo de Escazú para garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Asimismo, se acordó fortalecer la coordinación interinstitucional para la prevención de incendios forestales y el cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 233/2024.
Como parte de su agenda de trabajo, la Defensoría del Pueblo también participó en una reunión con la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM) y la Organización de Mujeres Indígenas Mosetenes (OMIM), con el objetivo de coordinar acciones conjuntas de seguimiento al cumplimiento de la SCP 1326/2023.
“Nuestro compromiso es acompañar a las organizaciones indígenas y a las autoridades locales en el seguimiento del cumplimiento de esta sentencia, porque proteger al río Beni también significa garantizar los derechos de los pueblos que históricamente han convivido y cuidado este territorio”, concluyó la jefa de la Unidad de Debida Diligencia en Derechos Humanos y Derechos de la Madre Tierra de la Defensoría del Pueblo.
